Un comunicado del Ministerio del Interior, divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo RAI News, apunta que el navío llegará a su destino el próximo martes, y en un centro habilitado por Italia en esa instalación portuaria, se realizará un “procedimiento fronterizo acelerado” para evaluar solicitudes de asilo.
Sin embargo, la operación podría fracasar nuevamente si, como ocurrió en octubre y noviembre del pasado año, un juez invalida las detenciones de esos inmigrantes, en su mayoría bangladesíes, así como egipcios, marfileños y gambianos, en una instalación ubicada en la localidad albanesa de Gjader.
La nota emitida por las autoridades italianas asegura que esas 49 personas cumplen los requisitos de la ley para su traslado a Albania, al tratarse de varones, no vulnerables, y procedente de países seguros, según una lista contenida en el decreto aprobado por el gobierno italiano hace un par de meses.
Italia construyó centros para inmigrantes en las localidades albanesas de Schengjin y Gjader, ubicadas respectivamente a 65 y 76 kilómetros al norte de la capital, Tirana, sobre la base de un protocolo firmado en el verano de 2023 entre la primera ministra, Giorgia Meloni y su homólogo, Edi Rama, convertido en ley en febrero de 2024.
A mediados de octubre del pasado año un tribunal de Roma dispuso el retorno de 12 personas retenidas en Gjader, tras cuestionar el reenvío a sus países de origen, por no considerarlos seguros, basado en una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el 12 de noviembre se suspendió el traslado de otros siete migrantes.
A diferencia de los dos primeros envíos a Albania, en los que el tribunal competente fue el de Roma, en esta ocasión deberán expresar su opinión seis jueces del Tribunal de Apelación, señala un reporte publicado en el diario Internazionale.
El 23 de diciembre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que a partir de enero se reanudarían los traslados de solicitantes de asilo a Albania, a la luz de una sentencia del 19 de diciembre del Tribunal de Casación que, según la mandataria, dio la razón a las autoridades gubernamentales.
Refiriéndose a otro caso que involucraba a un migrante, los jueces dictaminaron que la lista de países seguros, establecida por el gobierno, “no es un acto político al margen de la ley y la jurisdicción”.
Sin embargo, un comunicado de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI), indica que la decisión dese tribunal sobre la lista de países seguros fue malinterpretada por Meloni, y considera probable que nuevamente se invalide este traslado de inmigrantes a Albania, agrega esa fuente.
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