El 26 de agosto del 2024, Dave Robin Loor, de 20 años, y Juan Daniel Santillán, de 27, fueron interceptados por dos camionetas con personas con uniformes de las Fuerzas Armadas en el municipio Ventanas, provincia de Los Ríos.
Los pararon, requisaron y subieron a uno de los vehículos y desde ese momento no se sabe nada más del paradero de los dos jóvenes.
Lorena Roca, madre de uno de ellos, contó a medios locales que vio cómo se los llevaban e intentó averiguar por qué los detuvieron, pero uno de los supuestos militares la empujó con su fusil y le dijo que se apartara porque sino también la iban a detener.
Roca interpuso un habeas corpus en contra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, y pidió que se declare el caso como desaparición forzada.
Aunque las Fuerzas Armadas inicialmente negaron su participación, un informe militar filtrado confirmó que los soldados involucrados pertenecen al Grupo de Fuerzas Especiales N. 25 Base Sur, según reveló un reportaje de las periodistas Karol Noroña y Jetssael Orozco.
Desde enero de 2024, en Ecuador está vigente una declaración de conflicto armado interno y, pese a que esa medida ha sido cuestionada varias veces por la Corte Constitucional, continúa en el discurso estatal para justificar la militarización de las calles a través de estados de excepción.
A raíz de la medida crecieron las denuncias por supuestos abusos de los militares, entre estos desapariciones forzadas como la de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los cuatro menores detenidos en diciembre pasado por militares en Guayaquil, un caso que conmociona al país y al mundo.
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