Menéndez, quien llegó a ser el hispano de más alto rango en la Cámara Alta, fue declarado culpable unánimemente por un jurado en julio del pasado año de 16 cargos federales que sacaron a flote cómo el político “puso su poder a la venta”, según expresaron los fiscales del caso.
Además de soborno fue inculpado de extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente para un gobierno extranjero en una trama que se desarrolló durante años.
En noviembbre Menéndez pidió a un juez anular el veredicto de culpabilidad y que se le concediera un nuevo juicio a la luz de documentos judiciales presentados por sus abogados en el tribunal federal de Manhattan, donde lo juzgaron.
Según la defensa de quien fuera uno de los miembros más influyentes en el Capitolio y ahora un cadáver político, una reciente revelación determinó que se colocaron pruebas indebidas en una computadora utilizada por los jurados durante las deliberaciones lo que significa que un nuevo juicio es «inevitable».
Pero la investigación, que incluyó a su esposa Nadine Menéndez -que tendrá un juicio por separado fijado para el 18 de marzo-, arrojó que el exsenador, aprovechando su posición, aceptó oro y dinero en efectivo de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de favores.
Los fiscales lograron argumentar que el otrora todopoderoso legislador, que fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, puesto al que renunció cuando cayó en desgracia, intentó utilizar su influencia para promover tratos en beneficio personal y que participó en un «caso clásico de corrupción a gran escala».
Durante el allanamiento policial a la casa de los Menéndez en Nueva Jersey, en 2022, fueron encontrados «sobre tras sobre con dinero» (en total 480 mil dólares) entre las ropas, en armarios y dentro de una caja fuerte.
A lo anterior se sumaron otros 70 mil dólares hallados en una caja fuerte perteneciente a Nadine, así como 13 lingotes de oro, cuatro de ellos de un kilogramo cada uno.
Menéndez, de 71 años, sobrevivió a un escándalo previo por actitudes corruptas, vinculadas a presuntos pagos por influencia política, pero el caso fue desestimado en 2018. Por la gravedad de los cargos, podría enfrentar la posibilidad de décadas en la cárcel.
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