Largo y difícil fue el camino para lograr que el Congreso Nacional adoptara el proyecto presentado por el Gobierno que, si bien dista de la propuesta inicial, es considerado como un hito histórico. La iniciativa recibió la víspera 110 votos a favor contra 38 en la Cámara de Diputados y deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación por el presidente chileno, Gabriel Boric.
Su aprobación se alcanzó gracias a un acuerdo entre los parlamentarios de las coaliciones de izquierda y centro, así como de la alianza de derecha Chile Vamos, mientras que los representantes de los partidos de extrema derecha se opusieron.
En esencia el plan beneficiará a unos 2,8 millones de adultos mayores con un alza de las remuneraciones de entre 14 y 35 por ciento.
Además, casi un millón de mujeres recibirán una compensación justa al equipararse sus jubilaciones a las de los hombres.
También aumentará a 250 mil pesos (unos 248 dólares) la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se entrega a personas de 65 años o más que no perciben ningún retiro.
En ese beneficio serán incluidos los exonerados, aquellos que perdieron su trabajo por motivos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Gracias a esta iniciativa, Chile contará con un verdadero sistema mixto con tres pilares de contribución: el aporte del Estado a través de la PGU, el ahorro personal y, por primera vez, las cotizaciones de los empleadores.
Con la ley se mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en 1980 durante la dictadura y que han sido responsabilizadas por lucrar con los ahorros de los trabajadores y entregar pensiones de miseria a los afiliados.
Sin embargo, sí se introducen cambios importantes al control de las AFP al permitir las licitaciones públicas y la entrada de nuevos actores, lo cual genera mayor competencia y la reducción de los costos para los afiliados.
“Las AFP presionaron mucho para que esta reforma no viera la luz”, dijo en un mensaje a la nación el presidente chileno.
Previo a la votación la American Council of Life Insurers, gremio que agrupa a las principales aseguradoras estadounidenses, dijo que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio” y constituye una “expropiación”.
Al respecto la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, le recordaron a las AFP que “los cotizantes, los trabajadores y trabajadoras, no son propiedad de nadie”.
Para Jara, con la aprobación del proyecto hoy día se abre la puerta que las AFP tuvieron trancada durante 40 años en este país.
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