Luego de dilaciones y presuntas violaciones del debido proceso, un Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, absolvió a los ocho procesados, acusados de un presunto homicidio durante el conflicto armado en 1989.
El fallo alegró a sus seguidores, quienes estiman que tras el caso está el restablecimiento de la minería metálica.
Posteriormente, ante una apelación de la Fiscalía General de la República (FGR), inconforme con el fallo, una Cámara de lo Penal de Cojutepeque revirtió la decisión de absolver a los ocho procesados.
“La resolución de lo que dice la Cámara es que procede a anular la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, debido a que ese tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso, que es sobre la existencia del delito y la probable participación de los acusados”, dijo el abogado defensor Pedro Cruz.
El expediente alcanzó relevancia nacional y cruzó las fronteras del país pues supuestamente el gobierno busca una sentencia condenatoria para acallar la oposición al restablecimiento de la minoría metálica en el país.
Cruz manifestó que el juicio deberá repetirse, pero ahora será en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, según indicó la Cámara Penal de Cojutepeque.
Los acusados se encuentran en libertad a la espera del nuevo proceso, mientras pobladores de Santa Marta denunciaron en días recientes una acentuada presencia militar en la zona y su temor a que se produzcan nuevos arrestos de activistas y pobladores.
El caso se inició el 11 de enero de 2023, cuando seis de los acusados fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.
La Comunidad Santa Marta defiende que sus cinco líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político.
Sobre este proceso que debe transcurrir entre el 3 y 6 de febrero, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, aseguró que cobró aún más importancia tras la eliminación de la prohibición de la minería metálica en El Salvador a solicitud del presidente Nayib Bukele.
Lawlor aseguró la víspera que seguirá de cerca la audiencia de reapertura del caso de los cinco líderes ambientales de Ades Santa Marta.
«Nosotros no confiamos en lo que pueda pasar la próxima semana», dijo Peter Nataren, miembro de Ades Santa Marta, testigo de una persecución judicial durante 20 meses contra el activismo ambiental.
Críticos de este proceso lo califican como un desafío a la justicia y llaman a la Fiscalía General de la República, al Sistema Judicial y al Gobierno mismo, a cesar el uso de la justicia para la persecución a personas defensoras del medioambiente y derechos humanos.
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