Glas, que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, tras su detención durante el asalto a la embajada mexicana el 5 de abril de 2024, también denunció por el mismo motivo a la canciller Gabriela Sommerfeld, según indicó este viernes un reporte del diario El Universo.
El 5 de agosto pasado, México envió al Gobierno ecuatoriano la solicitud del salvoconducto a favor del exvicemandatario, en su calidad de beneficiario de “asilo diplomático”, a fin de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme a la Convención de Caracas de 1954, pero el pedido fue rechazado.
A inicios de este mes el Comité Internacional que busca su liberación advirtió que la vida del exvicepresidente corre peligro, incluso tuvo que ser evacuado de su celda ante un intento de atentado el pasado 6 de enero.
“Es deber del gobierno presidido por Daniel Noboa garantizar la vida y la integridad física de Jorge Glas. Solicitamos nuevamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplíe las medidas cautelares en su favor, dado el sistemático incumplimiento del Estado ecuatoriano de sus obligaciones”, señaló el Comité en su cuenta de X.
Glas formó parte del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y se desempeñó como vicepresidente entre 2013 y 2017, además de los primeros meses del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que iniciaron acusaciones e imputaciones en su contra, que siempre ha negado.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Noboa ha reiterado en varias ocasiones la negativa a entregarle el salvoconducto pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.
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