martes 25 de febrero de 2025
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Nuevas autoridades buscan orden en Poder Judicial de Bolivia

La Paz, 31 ene (Prensa Latina) La aprehensión en Bolivia de un juez y dos funcionarios judiciales por presunto desfalco, confirman hoy el propósito de poner orden en ese sector, según el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Manuel Baptista.

“Se informa que el día de hoy (jueves) el Ministerio Público ha procedido con la aprehensión de tres funcionarios de Derechos Reales de Santa Cruz y continúa la investigación a fin de determinar mayores responsabilidades”, aseguró citado en un reporte de la Agencia Judicial de Noticias.

En paralelo, el CM activó medidas disciplinarias para estos servidores y de confirmarse los delitos, procederán a su desvinculación, se informó.

Adicionalmente, la Sala Plena solicitó al Ministerio Público continuar con las investigaciones hasta dar con todos los responsables de estos actos de corrupción.

De acuerdo con las investigaciones, una posible red de corrupción realizó desde julio de 2024 la manipulación informática en Derechos Reales de Santa Cruz con una afectación de cerca de dos millones de bolivianos (unos 286 mil dólares).

Por su parte, el presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Méndez, aseguró que los exmagistrados de esa máxima instancia del Órgano Judicial dejaron una carga procesal de más de 30 por ciento de causas, además de que no se presupuestó para el contrato de personal eventual y la compra de activos.

Subrayó que se desconocen las razones, sin embargo, precisó que son más del 30 por ciento de las causas que quedaron como remanentes.

Deploró que esos expedientes generan zozobra en la población en cuanto a la solución de sus problemas jurídicos, y dijo que taless causas llegaron en octubre de 2024 y los jueces tenían 15 días después del sorteo para resolverlas.

Señaló que la responsabilidad “es de sus predecesores”, los exmagistrados sustituidos tras las elecciones judiciales del 15 de diciembre del año pasado.

Informó, además, que el año pasado no se presupuestó la partida 121 que corresponde a contratos eventuales y consultorías, y tampoco la cuatro mil, que hace alusión a los activos.

“Es decir, que no podemos comprar ningún activo por ahora. Esta es la situación tanto jurisdiccional como presupuestaria”, criticó.

Aclaró que para volver a abordar el presupuesto están a la espera de una auditoría financiera que les dé con precisión los datos del déficit presupuestario.

“No lo tenemos con precisión por ahora, pero sí lo que tenemos es un informe de supervisión de la Contraloría que demuestra la existencia de esta falta de transparencia y una consolidación de depósitos judiciales al presupuesto sin cumplir las normas de contabilidad”.

Subrayó que este déficit impide que cada magistrado pueda tener personal que elabore las resoluciones sobre los problemas jurídicos del Tribunal Agroambiental.

npg/jpm

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