La petición a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, fue suscrita por los líderes del Ejecutivo de países como Finlandia, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Rumanía y Suecia.

Calviño anunció ayer que la institución a su cargo duplicará este año las inversiones en materia de defensa, hasta los dos mil millones de euros, para responder al mandato de mejorar el acceso de las empresas al financiamiento.

Sin embargo, la misiva enviada a la funcionaria solicita la movilización de inversiones adicionales, al considerar el asunto como una “urgente necesidad” para reforzar la capacidad defensiva y la seguridad del bloque comunitario.

De tal forma, el texto aboga por una nueva flexibilización de las normativas del banco, para que pueda proveer fondos con destino a emprendimientos netamente militares.

Asimismo, muestra el interés gubernamental por elevar las partidas asignadas por el BEI a las cuestiones bélicas y la posible financiación de dichas iniciativas a través de la emisión de deuda.

La petición salió a la luz en vísperas de una cumbre informal de líderes de la UE, prevista para el próximo 3 de febrero próximo en el Palacio Egmont de Bruselas, la cual incluirá un análisis sobre los intereses militares de la agrupación.

La carta conjunta señala que “el BEI debe seguir explorando nuevas vías para desempeñar un papel aún más destacado en la financiación de inversiones y el apalancamiento de financiación privada para el sector de la seguridad y la defensa”.

En mayo de 2024, el BEI suprimió la normativa crediticia de solo considerar las iniciativas de uso dual (civil y militar) que pretendieran obtener más del 50 por ciento de sus ingresos en la esfera civil.

Ahora la única condición es que los emprendimientos financiados garanticen un “uso civil creíble”, dijo ayer Calviño.

No obstante, la misiva de este viernes pide al banco que defina con mayor precisión la terminología y el contenido de las actividades excluidas del financiamiento, con vistas a establecer un alcance “lo más limitado posible” para ajustarse a las nuevas prioridades políticas de la UE.

“Al expandir los mecanismos de financiamiento y usar todos los medios disponibles, podemos hacer frente a la urgente necesidad de hacer crecer la base industrial y tecnológica de defensa de Europa”, alega el documento.

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