En total, la PF inculpó a 40 personas por el complot y entre ellas figuran el exmandatario Jair Bolsonaro y los generales Walter Braga Netto y Augusto Heleno.

«Técnicamente, es posible», respondió Rodrigues cuando fue cuestionado en el programa de TV Cultura Roda Viva.

Refirió que esto sería viable «siempre que haya encuentro de personas con autoría, materialidad y circunstancia de participación en el delito. Posible, técnicamente es ahora», subrayó.

Sin embargo, admitió que no podía «entrar en el campo de la especulación», que un análisis del material decomisado en la Operación Contragolpe se hace en este momento y un informe adicional aún será enviado.

La declaración emergió después de una mención a la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

«Vamos a buscar pruebas para confirmar, o no, lo que fue dicho», prosiguió el delegado policial y certificó que «tan pronto como podamos llegar a un resultado concluyente, presentaremos al Poder Judicial».

En otra arista, Rodrigues reconoció que la corporación no encontró suficientes elementos para acusar a la ex primera dama Michelle Bolsonaro y al diputado federal Eduardo Bolsonaro (hijo del exjefe del Ejecutivo) en la investigación sobre el conato antidemocrático.

Precisó que, aunque los dos fueron citados por Cid, no se encontraron elementos adicionales.

El teniente coronel reveló todo el esquema de golpe y citó a los involucrados en la articulación que pretendía derrocar las instituciones democráticas y anular el resultado de las justas comiciales de 2022 tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A finales del año pasado, la PF envió al Supremo Tribunal Federal el informe final de las diligencias sobre la maquinación golpista.

Después el documento fue entregado a la Procuraduría General de la Republica (Fiscalía) que posiblemente en este mes emita sus conclusiones.

Ese órgano del Poder Ejecutivo podría instaurar una denuncia, pedir más indagaciones o archivar el sonado caso.

Las 40 personas enfrentan acusaciones por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.

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