En conferencia de prensa, Yamir Córdoba, secretario de organización de ese colectivo, indicó que tras los enfrentamientos violentos la víspera en esta capital con la Policía, los más de 500 detenidos permanecen en condiciones inadecuadas y solo bajo nueva presión y cierre de calles se les permitió el acceso a sus abogados y familiares.

Córdoba precisó que la lucha en las calles no se detendrá a pesar de las intimidaciones y los calificativos irrespetuosos hacia el sindicato del presidente de la República, José Raúl Mulino, en un conversatorio con medios de comunicación que tildó de maleantes y terroristas a los obreros de la construcción.

Con esos calificativos, dijo, el mandatario que tenemos solo exacerbará los ánimos y nuestro sindicato mantendrá sus acciones, sin dejarse amedrentar.

Para el líder de ese gremio, Saúl Méndez, la principal mafiocracia en el país la integran delincuentes oligarcas de cuello blanco y políticos corruptos que le han robado al país.

“La impunidad que existe en Panamá permite que esos corruptos se paseen por las calles, sin que la justicia les llegue”, remarcó.

Para Méndez, esos sectores oligarcas se roban la plata del Canal, de los impuestos, y ahora pretenden apropiarse de los recursos de la estatal Caja de Seguro Social, elevar la edad de jubilación y privatizar los servicios de salud, mediante el proyecto de Ley 163 que se debate en el Parlamento, pero que no permitirán avance.

Méndez instó al pueblo a brindar solidaridad y unirse a las nuevas expresiones de descontento con la iniciativa que presentó el Ejecutivo el pasado 6 de noviembre y exigen además que sus propuestas de reformas a la CSS sean escuchadas.

De su parte, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, indicó que los docentes se solidarizarán con la lucha de los trabajadores de la construcción, que es la de todos los panameños en defensa de la justicia y la equidad social.

Este jueves, ante la prensa, el jefe de Estado calificó de «mafia» al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), a la vez que espera consecuencias legales, tras las violentas protestas en rechazo a un proyecto de reforma a la Seguridad Social

Mulino aseveró que los integrantes de Suntracs y sus dirigentes van a entender el peso de lo que significa la ley y un gobierno dispuesto «a no permitir la anarquía pseudo sindicalista».

Al respecto, Méndez afirmó que el Ejecutivo fue el responsable de planificar los enfrentamientos y reprimió selectivamente las manifestaciones.

El Suntracs cerró la víspera un tramo de la avenida Balboa, de las más concurridas de esta capital, en rechazo al proyecto de ley 163, pero la protesta terminó en enfrentamientos con unidades antimotines con saldo de más de 500 detenidos, la mayoría obreros sindicalizados, y 15 heridos, sobre todo agentes del orden.

Los arrestados se someterán a la justicia, según anunciaron las autoridades panameñas, y Mulino instruyó además una auditoría a los fondos de los sindicatos en sus cuentas bancarias y prohibió desembolsos, lo que los colectivos consideraron es ilegal y arbitrario.

Por su parte, Méndez denunció el cierre de las cuentas de la cooperativa Suntracs, que opera legalmente y no está implicada en los conflictos recientes, explicó.

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