El anuncio oficial de lo revelado con anterioridad por la prensa invoca las atribuciones de la JNJ -nombrar, evaluar o sancionar hasta con el despido a jueces y fiscales- como una obligación para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia.

El proceso fue iniciado ante una denuncia del coronel en retiro Julio Cadenillas contra Tello y otros cuatro jueces de la Corte Suprema, por un supuesto error en la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

En su edición digital, el diario la República señala que expertos opinan que la presunta falta de Tello y otros jueces no ameritaba el carácter sumario del proceso disciplinario, que suele aplicarse solo a casos graves de corrupción y de gran impacto.

Añade que el procedimiento apuntaría a destituir a la también presidenta de la Corte Suprema, quien tras asumir el cargo hizo declaraciones de independencia y críticó a gobernantes y parlamentarios, lo que da pie al diario a presumir que la JNJ buscaría objetivos políticos.

Tello cuestionó ayer el proceso abierto por la JNJ, cuyos nuevos miembros fueron recienemente elegidos por el Parlamento de mayoría conservadora

La también presidenta de la Corte Suprema consideró preocupante que la JNJ utilice un trámite célere para procesarla.

Añadió que la decisión de la JNJ “no abona al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respecto a la independencia del criterio de juezas y jueces en sus decisiones, algo medular para los derechos ciudadanos y el principio de equilibrio y balance de poderes”.

Según el periódico La República, el proceso incluye a otros jueces supremos y constituye un ataque a Tello, pues se trataría de un procedimiento disciplinario para su expulsión.

El caso tiene como contexto frecuentes acusaciones de miembros del Gobierno y de la mayoría congresal derechista contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La fiscal de la Nación y titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, es además objeto de una demanda judcial del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien exige su desitución por supuesta invasión de su privacidad por pedirle acceso a la información guardada en su teléfono móvil, por una investigación.

El Colegio de Abogados de Lima expresó su solidaridad con Tello, ante lo que calificó como un “evidente acoso político, del que es objeto bajo el pretexto de una cuestionable interpretación legal en un proceso de carácter laboral”.

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