En un comunicado divulgado en esta capital, esa estructura alegó que la apuesta “por la paz se ve gravemente herida, por la detención de un integrante de la comisión negociadora de nuestra organización insurgente (…) en un claro entrampamiento al proceso de paz”.

Por otra parte, hizo un llamado a los países garantes, acompañantes, a la ONU, a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, para que hagan uso de sus buenos oficios en la medida que su normativa se los permita en apoyo a su pedido, que reclama la liberación de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.

“Ratificamos nuestra voluntad de continuar explorando los caminos que nos lleven a la concreción de un gran Acuerdo de Paz, siempre y cuando se resuelva con la libertad, la situación jurídica del comandante y Vocero de Paz”, afirmó el grupo.

Rojas fue apresado el pasado miércoles justo mientras se desarrollaba la conclusión del tercer ciclo de pláticas entre el Gobierno y la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una facción recientemente separada de la Segunda Marquetalia, fundada por Iván Márquez.

Todo ocurrió en un hotel situado en el oeste de esta capital, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado, donde representantes de ambas partes dialogaban sobre un acuerdo que incluía planes piloto de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo.

El operativo fue realizado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes alegaron la vigencia de una circular roja de Interpol en contra del detenido, por presuntos delitos de narcotráfico solicitados por una corte en Estados Unidos.

Aunque el equipo gubernamental explicó que las órdenes de captura de los representantes de esta disidencia estarían suspendidas, los oficiales continuaron adelante con la operación al señalar que debía cumplir con la notificación internacional.

Rojas ahora está bajo custodia de la Policía y, de acuerdo con la Fiscalía, las autoridades de Estados Unidos tienen cinco días para para hacer la solicitud formal de su extradición por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.

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