La suscripción del documento tuvo lugar durante La Semanal con la Prensa que, como todos los lunes, se realiza en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

El mandatario explicó que dicha Comisión también garantizará la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción, mediante mecanismos de supervisión e indicadores de cumplimiento.

Entre sus misiones figuran supervisar las compras y contrataciones públicas, la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente y la creación de un observatorio de transparencia para monitorear el sector público.

El trabajo se organizará mediante un comité coordinador nacional presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la dirección ejecutiva a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Otras funciones de la Comisión están dirigidas a coordinar respuestas rápidas ante denuncias, promover una cultura de ética y honestidad en el sector público y fortalecer la auditoría interna y los controles administrativos.

El estatuto establece la celebración de reuniones semanales del comité coordinador, un informe semanal al presidente de la República y una evaluación continua de las políticas implementadas.

Además de la Digeig y la DGCP, en el trabajo de la Comisión serán claves la Unidad Antifraude y la Unidad de Auditoría Interna, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otros organismos.

Durante la firma del decreto, se estableció que todas las instituciones deben colaborar en las investigaciones, identificar y reportar casos de corrupción, con un máximo cinco días hábiles para suministrar información y documentos.

Trascendió que en el último cuatrienio se contabilizaron 47 denuncias remitidas al Ministerio Público por la Digeig y 426 informes remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por la Unidad Antifraude de la Contraloría.

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