En el debate se incluye la indemnización a los productores rurales que ocupan áreas reivindicadas por comunidades nativas.
La reunión se realizará en medio de un atasco político y jurídico.
El Congreso Nacional aprobó la ley 14.701/2023, la cual establece que sólo los terrenos ocupados hasta el 5 de junio de 1988 podrían ser considerados patrimonio originario.
Sin embargo, el STF ya decidió que no hay un plazo límite para estas reclamaciones, haciendo la legislación objetivo de acciones cuestionando su constitucionalidad.
El encuentro de este lunes contará con la participación de ministros del Supremo, representantes del Gobierno, legisladores y líderes indígenas.
La senadora Tereza Cristina es parte del grupo de parlamentarios que presentó al juzgado superior una propuesta alternativa, que incluye la compensación financiera para los productores que necesiten dejar tierras reconocidas como aborígenes.
El modelo ya se aplicó en el estado de Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Antônio João, donde los agricultores recibieron indemnización al dejar el área Nhanderu Marangatu, la cual fue entregada al pueblo Guarani-Kaiowá.
Además de la posibilidad de resarcimiento, el STF evaluará el proyecto de enmienda legislativa, elaborado a partir de siete sugerencias recibidas sobre el tema.
La finalidad es encontrar una solución política y jurídica al conflicto entre los intereses de los pueblos indígenas y el sector productivo.
Cristina, exministra de Agricultura, refuerza la necesidad de un acuerdo equilibrado.
«Necesitamos seguridad jurídica para los productores y respeto a los derechos de los indígenas. Brasil no puede vivir con esta inseguridad», afirmó.
La expectativa es que, al final de la audiencia, el Supremo envíe una propuesta de conciliación al Congreso Nacional, en un intento por pacificar el asunto.
En agosto, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) decidió retirarse de la comisión en la Corte Suprema que busca una avenencia sobre el marco temporal.
Tal junta especial fue creada en el STF para llegar a un entendimiento sobre la polémica tesis, después de un enfrentamiento entre poderes.
No obstante, la APIB alega que los derechos fundamentales no son negociables y no hay paridad de debate en las discusiones.
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