El equipo, integrado por 48 legisladores de esa instancia, concluyó que la situación humanitaria en el mentado territorio del noreste del país es crítica y que la capacidad del Estado, con las medidas ordinarias en el ordenamiento jurídico, no es suficiente para enfrentar ese escenario.

El informe con las mentadas consideraciones fue discutido por la Plenaria de la Cámara que también tuvo en consideración los criterios recogidos tras una audiencia pública en Norte de Santander y otra en Bogotá, donde fueron escuchados tanto líderes como autoridades de la región del Catatumbo, así como algunos ministros y funcionarios del Gobierno.

Como parte de la exposición, el representante del partido Comunes, Jairo Cala, explicó tres recomendaciones importantes en lo que respecta a la aplicación de medidas extraordinarias y estas tienen que ver con el control en la ejecución de los recursos, las garantías para los firmantes de paz y la participación de las comunidades indígenas.

Previamente, los miembros del Senado también respaldaron la decisión del Gobierno, que le confiere facultades al Ejecutivo de dictar medidas de carácter excepcional.

En su análisis, los congresistas consideraron que la declaratoria de Conmoción Interior es una medida justificada y necesaria para afrontar el escalamiento del conflicto en la zona.

El pasado 24 de enero se publicó el decreto que establece el estado de Conmoción Interior por el término de 90 días en la región del Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, así como en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, la capital departamental, y dos municipios del departamento de Cesar.

Debido a los enfrentamientos que desde el pasado 16 de enero entablaron en esa región integrantes del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33, fuentes oficiales estiman que más de 53 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, otras 21 mil permanecen confinadas y se calcula la ocurrencia de al menos 60 muertes.

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