Los cerros de esa comuna de la región de Valparaíso comenzaron a poblarse en 2019, al inicio de la pandemia de la Covid-19, y continuaron extendiéndose hasta convertirse en la mayor toma de terrenos existente en el país.

Según datos de los propios pobladores, en la actualidad en unas 200 hectáreas hay más de cuatro mil 100 familias, 31 por ciento de los habitantes son niños y adolescentes y otro 30 por ciento adultos mayores.

Esta semana la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el 27 de febrero a las 10:00 (hora local) el inicio del desalojo del Cerro Centinela y pidió a la municipalidad de San Antonio, a la delegación presidencial regional y a la policía de carabineros coordinar el operativo.

Aunque el tribunal ordenó que el proceso se realice de manera “razonable y paulatina”, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió que un desalojo por la fuerza generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario.

Durante un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, Montes anunció la convocatoria para el lunes a una reunión con los dueños del terreno (la Inmobiliaria San Antonio), los organismos del Gobierno y el alcalde para llegar a un acuerdo.

Una de las salidas en el tablero es que las personas en las zonas ocupadas conformen cooperativas para la compra de los terrenos.

En una entrevista concedida a la Radio ADN, la dirigente comunal Verónica Morales expresó que la mayoría de los pobladores quieren una solución legal al problema.

Según dijo, alrededor de tres mil 200 familias están dispuestas a trabajar en cooperativas para la adquisición de las tierras.

Morales calificó como irresponsable la orden judicial que aboga por el desalojo, al no considerar la magnitud del campamento.

“No hay albergues, recursos, ni fuerza pública para ejecutarlo”, afirmó.

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que el procedimiento ordenado por la Corte enfrenta obstáculos logísticos y humanos, pues se requieren más de mil 200 policías para llevarlo a cabo.

Mundaca advirtió, además, sobre la crisis en materia de viviendas y las limitadas soluciones disponibles.

Un estudio de la fundación TECHO publicado recientemente señala que actualmente más de 114 mil familias viven en mil 290 asentamientos informales, 70 por ciento de las cuales son chilenas y solo seis de cada 100 provienen de otros países.

Entre las principales causas del problema, el estudio menciona los de índole social y económico, como la falta de acceso a casas formales, los altos costos del arriendo y las dificultades laborales para migrantes y nacionales.

La fundación TECHO identificó que al menos 226 campamentos tienen factibilidad técnica para su radicación de manera inmediata o a corto plazo, pues cumplen con tres de las seis variables necesarias para avanzar en el proceso.

Entre ellas figuran la existencia de comités de vivienda con personalidad jurídica, la incorporación en el catastro de campamentos de 2019 y la disponibilidad de servicios básicos.

La investigación busca aportar a la política pública habitacional, con el fin de incidir en la toma de decisiones en cuanto a la entrega de soluciones en el corto y mediano plazos.

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