Ferreira de Alencar colaboró para que la Policía Federal de Carreteras (PRF) impidiera a los votantes del noreste votar en la segunda vuelta de las justas comiciales de ese año que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese momento, era directora de Inteligencia de la cartera de Justicia y Seguridad Pública.

Con la proximidad de la segunda vuelta en octubre de 2022, la funcionaria pidió recolección de datos sobre los lugares en los que Lula había tenido voto expresivo contra el entonces presidente Bolsonaro, quien ambicionaba la reelección, lo cual levantó sospechas y fue percibido por el encargado de la recogida de estadísticas.

El responsable de esa área manifestó perplejidad ante las solicitudes de la directora de Inteligencia, dado que su trabajo debería concentrarse en la seguridad de las elecciones, y no en el análisis de resultados que podrían orientar las acciones de la PRF.

La Fiscalía General acusó formalmente el martes a Bolsonaro y a otras 33 personas por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

El Ministerio Público considera que hubo «manejo indebido» de las fuerzas de seguridad para dificultar el voto de los electores en las regiones en las cuales Lula ganó la primera vuelta.

También el análisis de las comunicaciones confirma el esfuerzo incesante, creciente y coordinado para manipular el proceso electoral y el empeño de fuerza material impeditiva del acceso de presuntos votantes del adversario a las temidas urnas.

Para el fiscal general Paulo Gonet, la jefa de Inteligencia fue parte del grupo que intentó «mantener la permanencia ilegítima» de Bolsonaro en la presidencia.

En un segundo plano, los denunciados con posiciones profesionales relevantes gestionaron las acciones elaboradas por la organización.

Junto a Ferreira de Alencar, el exdirector de la PRF Silvinei Vasques y el delegado Fernando Sousa de Oliveira, exnúmero dos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (DF), coordinaron el empleo de las fuerzas policiales para procurar conservar de forma espurian al político ultraderechista en el poder.

Por el momento la sonada denuncia sobre la conspiración golpista en 2022 está en manos de la Corte Suprema que debe definir si la acepta. De ser así, Bolsonaro y los otros implicados se convertirán en acusados y pasarán a responder a un proceso penal en la corte superior.

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