La conclusión de los trabajos también sufrió un reajuste y quedó para el 2 de abril.

Una última sesión, el 17 de febrero, fue marcada por la falta de consenso.

En la discusión, la Abogacía General de la Unión pidió más tiempo para evaluar los nuevos elementos incluidos en el texto, que se construye con respecto al tema.

La principal controversia es abrir la posibilidad de explotación y minería en patrimonios nativos.

Instituciones vinculadas a los pueblos originarios están en contra de la propuesta añadida por el ministro.

Al posponer la sesión, Mendes señaló que el tiempo debe ser utilizado por la comisión para proponer la mejora de la propuesta presentada por el gabinete, sin la formulación de nuevas sugerencias paralelas o alternativas.

El comité debate la construcción de un nuevo texto con respecto al hito transitorio.

Mendes es el relator del proceso en el Supremo y tendrá que homologar cualquier pieza resultante de la junta.

Entonces, la nueva propuesta debe ser confirmada por el pleno del Supremo y luego enviada a la Legislatura. La próxima cita se realizará en medio de un atasco político y jurídico.

El Congreso Nacional aprobó la ley 14.701/2023 que establece que solo las tierras ocupadas hasta el 5 de junio de 1988 podrían ser consideradas territorios originarios.

Sin embargo, el STF ya decidió que no hay un plazo límite para estas reclamaciones, haciendo la legislación objetivo de acciones cuestionando su constitucionalidad.

En agosto, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) decidió retirarse de la comisión en la Corte Suprema que busca una avenencia sobre el marco temporal.

Tal junta especial fue creada para llegar a un entendimiento sobre la polémica tesis, después de un enfrentamiento entre poderes.

No obstante, la APIB alega que los derechos fundamentales no son negociables y no hay paridad de debate en las discusiones.

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