La medida, implementada durante cinco semanas, causó malestar en la población e incluso el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) declaró que los cortes de energía planificados no están contemplados en la ley 125-01, por lo que son ilegales.

Onpeco sostuvo que los consumidores no deben cargar con las deficiencias de las empresas responsables de proveer el servicio y señaló que las pérdidas de las distribuidoras no pueden ser transferidas a los usuarios.

No obstante, el presidente del CUED, Celso Marranzini, informó que la medida fue detenida debido a la adopción de nuevas estrategias para mejorar el sistema eléctrico, especialmente en el área de distribución, pero hay dudas sobre si se interrumpirá o no el servicio porque alertó que las metas no se cumplirán en un año.

El pasado 11 de febrero el presidente Luis Abinader señaló en La Semanal con la Prensa que «los apagones molestan y son insostenibles», al tiempo que instó a la población a pagar la energía que consume, tras verificarse grandes atrasos.

Reconoció que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) han sido un dolor de cabeza en esta y en las pasadas gestiones gubernamentales.

El presidente del CUED precisó este viernes en conferencia de prensa que en 2024 se instalaron 550 mil medidores de última generación y que para este año se prevé la instalación de una cantidad similar.

Marranzini también advirtió sobre las conexiones ilegales y el impacto que tienen en el sistema eléctrico y destacó que actualmente se ejecutan proyectos de modernización y electrificación de redes de distribución por un total de 650 millones de dólares.

El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, consideró positiva la medida para regular el servicio sin perjudicar a los usuarios que pagan puntualmente sus facturas.

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