La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional (Parlamento), creada para tratar la solicitud de reforma a los artículos 110 y 115 de la Carta Magna, escuchó este lunes a conocedores del tema, aunque algunos representantes del Ejecutivo convocados no asistieron.

La abogada del Ministerio de Economía y Finanzas, Érika Segura, explicó que los partidos políticos tienen financiamiento privado y público e informó que lo entregado desde el Gobierno para promoción electoral entre 2013 y 2023 asciende a aproximadamente 95 millones de dólares.

El director de Consistencia Presupuestaria, Byron Zuñiga, señaló que la distribución de recursos obedece a una planificación, con base al Plan Nacional de Desarrollo y a un marco fiscal a mediano plazo.

Conocedores del tema electoral, como Daniel Jácome y Andrés Espinosa se pronunciaron ante los legisladores.

Espinosa advirtió que eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas daría lugar a que las grandes chequeras disputen el poder, será una competencia entre élites, sin posibilidad que otros actores puedan exponer su propuestas.

“Las organizaciones políticas podrían tener una dependencia financiera con la ilicitud”, alertó.

El mandatario y aspirante a la reelección pretende modificar los artículos 110 y 115 de la ley suprema, los cuales establecen que los partidos políticos recibirán asignaciones estatales sujetas a control.

De acuerdo con el Ejecutivo, la propuesta “busca evitar el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatos y que históricamente no han sido debidamente justificados y transparentados”.

Existe polémica en cuanto al asunto, pues algunos legisladores y analistas señalan que eliminar el financiamiento público podría debilitar a los partidos más pequeños o nuevos, mientras que los grandes movimientos podrían consolidar aún más su dominio en el panorama político.

A su vez, sin financiamiento estatal, las campañas podrían depender más de contribuciones privadas, ser más desiguales y propiciar posibles influencias de grupos económicos o intereses particulares.

La iniciativa de Noboa ya tuvo el aval de la Corte Constitucional y debe pasar un primer y segundo debate en la Asamblea Nacional, a partir del análisis en la Comisión Ocasional.

De aprobarse en el pleno parlamentario, pasará a una nueva revisión de la Corte para finalmente someterlo a votación popular.

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