Pobladores de la urbe ubicada a 570 kilómetros al norte de aquí, anunciaron una segunda marcha de protesta, tras la de ayer, en la que los manifestantes intentaron ingresar al Real Plaza, que permanece clausurado por la tragedia ocurrida al desplomarse el techo de la zona de restaurantes con cientos usuarios dentro.

Además, otro grupo de trujillanos se apresta a continuar esta noche una tercera vigilia pacífica de solidaridad con las familias de los difuntos y los más de 80 heridos, así como para demandar pronta justicia.

En Lima, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la empresa, propietaria del centro comercial Real Plaza y parte del poderoso grupo económico Intercorp, debe asumir su responsabilidad e indemnizar a los afectados con celeridad.

Sobre las responsabilidades penales, pidió identificar rápidamente a los culpables y evitar la impunidad que se impuso después de tragedias similares en los que no hubo culpables ni sanciones.

Gutiérrez dijo que en el caso del centro comercial Real Plaza, existen fallas humanas en el diseño, construcción y supervisión de infraestructuras, y es viable encontrar prontamente a los responsables.

Atribuyó el suceso a la corrupción y la flexibilización de normas que han debilitado el control de las construcciones y discrepó con proyectos de ley que plantean espaciar más las inspecciones de los locales comerciales o hasta hacerlas solo cuando están terminados.

La legisladora de derecha extrema, Adriana Tudela, anunció el retiro de uno de esos proyectos, de su autoría, y alegó que había sido malinterpretado.

Por su parte, el gerente general del Real Plaza, Misael Shimizu, declaró que no puede descartarse una falla estructural en el centro comercial, aunque alegó que en noviembre el inmueble pasó una inspección de seguridad y dijo que la empresa analiza privadamente lo ocurrido.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Inspecciones Técnicas del Colegio de Ingenieros, Nancy Barrenechea, dijo que la falla debió ser detectada en esa inspección. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que los responsables directos del control de los centros comerciales son los municipios y la tragedia se pudo evitar con una supervisión efectiva que permitiera hacer correcciones o cerrar el lugar.

Por su parte, la dirigente del Colegio de Ingenieros apuntó que el Gobierno, hace algún tiempo, redujo el número de inspectores de construcciones y el tiempo de experiencia, entre los requisitos para asumir esa responsabilidad.

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