Así se prenunció el congresista durante su uso de la palabra durante la audiencia, en el Juzgado 44 de esta capital, para la reanudación del juicio contra el exgobernante, acusado de sobornos a testigos y fraude procesal.

El legislador, considerado como la principal víctima en el caso penal que se desarrolla contra el ex jefe de Estado, remarcó que las intimidaciones afectaron también sus parientes, sus abogados e incluso a las autoridades judiciales involucrados en el proceso.

“Ha habido una incesante campaña de desprestigio, descrédito, agravio, calumnia e injuria que ha desatado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe”, aseguró Cepeda.

Añadió que las cartas recientemente enviadas al gobierno de Estados Unidos es otra de las presiones ejercidas por el exmandatario para intentar boicotear el juicio en su contra.

Según relató, en esas misivas se alega que el proceso penal es una especie de enjuiciamiento político, y advirtió que mediante las comunicaciones prácticamente se solicita una injerencia extranjera en la soberanía del poder judicial colombiano.

Agregó asimismo el senador que la campaña de descrédito desplegada por Uribe en su contra estimula las manifestaciones de hostigamiento e incluso de amenazas de muerte por parte de los seguidores del exgobernante.

“Cuando a uno se le llama insistentemente senador de las FARC (en referencia a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo), actor del terrorismo, pues obviamente eso eleva de una manera supremamente significativa los factores de riesgo”, remarcó.

El juicio se reanudó esta jornada, después de que el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el recurso interpuesto contra la jueza, a quien la defensa del expresidente señaló por supuesta falta de imparcialidad.

La génesis del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente dar beneficios a testigos para que señalaran al expresidente y a su familia de tener nexos con los paramilitares.

Tras examinar el alegato expuesto, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y determinó que era Uribe quien levantaba falso testimonio contra el congresista.

El caso se enfrió y no fue hasta enero del pasado año que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, reabrió el proceso y afirmó que existían suficientes elementos para imputarlo por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal.

El juicio penal, el primero de su tipo que tiene lugar en Colombia contra un exgobernante, tiene fecha de prescripción en octubre próximo.

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