Mediante el decreto 115/2025, el presidente Javier Milei dispuso dicha medida y recordó que esa entidad se encuentra en un listado de varias “sujetas a privatización”.

Además, indicó que la nueva sociedad mantendrá con su personal un vínculo laboral de derecho privado y se iniciará una negociación del convenio colectivo de trabajo.

También señaló que las transferencias del Tesoro se reducirán a lo estrictamente indispensable para cubrir las necesidades financieras.

Esa es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no lo logrará. Intentos similares existieron en los años 1990 y en 2018, pero no pudieron, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Resistimos permanentemente a las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie. Esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país, añadió.

Asimismo, recordó que, entre la mina de carbón, la instalación carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola, hay dos mil 200 trabajadores representados por ATE.

YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour. El Gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera y está jugando con el futuro de las personas y de esas comunidades, apuntó.

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