Los colectivos se oponen además al programa de Gobierno que incluye el desalojo de las tierras productivas que ocupan desde hace varias generaciones.

Para la presidenta de la CCV, Digna Benítez, la Autoridad del Canal de Panamá ( ACP) difundió información falsa sobre la presunta aceptación del proyecto entre las poblaciones ribereñas, las que rechazan la explotación hídrica de ese embalse, debido a serias implicaciones socioeconómicas, políticas, jurídicas y ambientales.

Benítez justificó la protesta y recordó que desde 1999 los campesinos libran una lucha en defensa de sus tierras, en contra de la Junta Directiva de la ACP, que apuesta por el uso alternativo de río Indio para mejorar las reservas de agua dulce de la vía interoceánica para sus operaciones.

El río Indio, cuyo caudal se reduce en la estación seca, es vital para las actividades agrícolas y pecuarias de unas 12 mil 415 personas que habitan en las riberas del río y se resisten al plan de desarraigo previsto por tecnócratas de la ACP, agregó.

La dirigente precisó que la ACP realizó censos cuestionables e intimidatorios que no reflejan la voluntad del pueblo.

En conferencia de prensa, también Alquibíades Martínez, del sector de Tres Hermanas, en el distrito de Capira, manifestó que «los campesinos están dispuestos a salir a las calles para defender esas tierras, manifestaciones que comenzarán frente a las sedes de la ACP y de las oficinas del Ministerio de Ambiente, respectivamente».

Según los lideres gremiales, el caudal de río Indio es insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas del Canal de Panamá y señalaron que la ACP posee estudios técnicos sobre otras alternativas para asegurar, en el futuro, el buen funcionamiento y manejo de la ruta fluvial.

Las diversas agrupaciones también interpondrán una solicitud urgente ante la más alta instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para impedir la violación arbitraria y sistemática de las libertades en Panamá.

Según expertos, la nueva obra que, de iniciarse, tomará unos seis años, es clave dentro del Programa de Proyectos Hídricos, que busca garantizar el suministro de agua potable para más del 50 por ciento de la población panameña, abastecer comunidades cercanas y asegurar el funcionamiento del Canal.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico y prevenir crisis futuras como la sequía de 2023-2024, agregaron.

Para mitigar el impacto social, la resolución contempla fondos para compensación, reasentamiento y apoyo a las familias afectadas. El proceso se llevará a cabo bajo estándares internacionales en materia social y ambiental, garantizando la participación informada de las comunidades, precisaron.

Como parte del proyecto, desde agosto de 2024 se lleva a cabo un censo de las familias residentes en la zona del proyecto, el cual finalizará el 30 de abril de 2025.

Este registro es fundamental para definir medidas de compensación y reasentamiento de manera justa y transparente.

De acuerdo con datos preliminares, en el área del reservorio hay 538 hogares en los que viven mil 714 personas.

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