La administración del mandatario Donald Trump citó al gigante sudamericano al cuestionar el bloqueo de las redes sociales norteamericanas por las autoridades brasileñas, después que De Moraes suspendiera a Rumble en territorio nacional por incumplimiento de órdenes judiciales.

«Determino la suspensión inmediata, completa e integral, del funcionamiento de Rumble INC. en territorio nacional, hasta que todas las órdenes judiciales emitidas en los presentes autos, incluso con el pago de las multas, sean cumplidas», indicó el magistrado en su laudo.

En la visión del juez, la plataforma cometió «reiterados, conscientes y voluntarios desacatos de las órdenes judiciales, además del intento de no someterse al ordenamiento jurídico y Poder Judicial brasileños».

Bajo este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una nota expresando sorpresa con la declaración del Gobierno de Trump sobre la acción judicial de las empresas para «eximirse del cumplimiento de decisiones de la Suprema Corte brasileña».

«El Gobierno brasileño rechaza, con firmeza, cualquier intento de politizar decisiones judiciales y subraya la importancia del respeto al principio republicano de la independencia de los poderes, contemplado en la Constitución Federal brasileña de 1988», indica el texto.

Señala que el órgano del Departamento de Estado norteamericano que emitió la diatriba «distorsiona el sentido» de las decisiones del STF.

Precisa que «la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el sistema jurídico brasileño, debe ejercerse, en Brasil, en consonancia con los demás preceptos legales vigentes, sobre todo los de naturaleza criminal».

La Cancillería también citó el supuesto intento de golpe contra el Estado Democrático Brasileño en 2022.

Denunció que «el Estado brasileño y sus instituciones republicanas fueron blanco de una orquestación antidemocrática basada en la desinformación masiva, difundida en los medios sociales».

Los hechos que involucran el intento de golpe contra la soberanía popular, después de las elecciones presidenciales de 2022, «son objeto de acción en curso en el Poder judicial brasileño», concluye el documento oficial.

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