Suspensión de la ayuda financiera directa, excepto la otorgada a los ruandeses más pobres, de la asistencia de funcionarios británicos a eventos gubernamentales y de la cooperación en el sector de la defensa, constituyen las medidas punitivas de Londres contra este país sin costas del oriente de África.

Las sanciones no ayudan a la RDC ni contribuyen a una solución política sostenible del conflicto; es irrazonable que Ruanda comprometa su seguridad nacional, en especial a la luz de la actual violencia en la región, aduce la comunicación de la cancillería ruandesa difundida a través de la prensa.

Antes, el gobierno estadounidense impuso sanciones económicas al ministro de Estado ruandés para la Integración Regional, James Kabarebe, acusado de desempeñar un papel clave en el apoyo a los insurgentes del M23.

El conflicto en el oriente congolés está en fase de expansión después de los avances de las fuerzas insurgentes en el teatro de operaciones con saldo de más de siete mil muertos civiles en las últimas semanas.

Las autoridades de la RDC denuncian a las de Ruanda de querer controlar zonas de su territorio para apoderarse de sus vastos recursos minerales, acusación refutada por Kigali que niega la existencia de pruebas reales de tales alegaciones, a pesar de que funcionarios de la ONU las sustentan.

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