Inicialmente, los ministros escucharán los argumentos y análisis técnicos de los participantes del proceso.

El voto del relator, ministro Alexandre de Moraes, y los otros magistrados será presentado en sesión aún por marcar.

Publicada en 2019, la ley establece qué actos cometidos por agentes públicos pueden ser considerados abuso de autoridad y, por lo tanto, ser castigados por la justicia.

La norma establece que las autoridades están sujetas a castigo, detalla las conductas y fija las penas.

Entre las autoridades que pueden ser objeto de procedimientos por abuso de autoridad figuran los servidores públicos y militares, autoridades de los Tres Poderes y del Ministerio Público, magistrados de tribunales y miembros del consejo de cuentas.

Asociaciones que representan a jueces, fiscales y policías consideran que la norma ofende principios constitucionales, como la separación e independencia de poderes.

De igual manera, piensan que la regla debilita la lucha contra la corrupción, pues podría ser utilizada por los investigados para tomar represalias contra la actuación de los agentes públicos.

«Aunque la norma se propone ser aplicable a los agentes públicos en general, la gran mayoría de los tipos se refieren a conductas privativas de miembros de la Policía Federal, del Ministerio Público y del Poder Judicial», afirmó la Asociación de Delegados de Policía Federal, uno de los autores de las acciones.

Refirió que estas son instituciones importantes y esenciales de la democracia brasileña, con previsión constitucional, integrantes del sistema judicial y los principales brazos del Estado en la investigación, prevención y responsabilidad de delitos que afectan severamente al erario público y a la sociedad brasileña.

También consta en el orden del día la acción que discute si es válida la previsión de aumento de pena para el caso de delitos contra el honor (calumnia, injuria y difamación) cuando se comete contra servidor público en el ejercicio de sus funciones.

En la sesión de este jueves, los ministros escucharán los argumentos de los participantes del proceso como autores de las acciones, especialistas, Abogacía General de la Unión y Procuraduría General de la República.

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