El organismo judicial validó el decreto ejecutivo 493 emitido el pasado 2 de enero para declarar estado de excepción en siete provincias, cuatro municipios y en todas las cárceles, sin embargo consideró inconstitucional el argumento del Ejecutivo de que existe un conflicto armado interno.

Según la Corte, no se cumplen los requisitos de organización e intensidad para calificarlo como tal.

La sentencia aclara que el estado de excepción y las medidas extraordinarias no aplican el interior de los centros penitenciarios dado que su inclusión en el decreto carece de fundamentación, ni tampoco valen en el cantón La Troncal, provincia de Cañar, también por falta de justificación.

También ordena la conformación de una Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado.

En un plazo de 20 días la Presidencia, la Asamblea Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones deberán crear esa comisión.

Asimismo, la entidad de control constitucional exhortó a la Fiscalía General y demás autoridades competentes a actuar con la debida diligencia, imparcialidad y celeridad para sancionar todas las denuncias relacionadas con actos contra la vida e integridad de las personas.

El pronunciamiento de la Corte, que tiene fecha del 21 de febrero, salió a la luz cuando falta poco para que concluya el estado de excepción, vigente hasta mañana 2 de marzo.

Pese a la militarización que implicó ese y otros decretos, persiste la inseguridad al punto que Ecuador vivió en enero el mes más violento de la historia y en lo que va de año hay más de mil homicidios en el país.

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