“El único delito que cometí es defender al pueblo”, sostuvo; y afirmó que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal por el que es juzgado (rebelión) y reiteró que el juicio está amañado y su condena ha sido ya decidida.

El maestro rural que gobernó poco más de 16 meses y fue encarcelado y destituido tras su intento de disolver el Parlamento adverso, el 7 de diciembre de 2022, anunció su retiro y se enfrascó en una discusión con el presidente del tribunal, José Neyra.

El magistrado le prohibió abandonar la audiencia y le dijo que está obligado a participar, aludiendo a que la sala está instalada en el presidio para altos funcionarios donde Castillo cumple prisión preventiva (a cuenta de la sentencia) desde hace más de dos años.

El exmandatario insistió también en no acreditar un abogado porque no tendría sentido y ayer no aceptó un defensor público proveído por el Estado, alegando que su condena está ya decidida, aunque exhortó a Neyra a obrar con imparcialidad.

El magistrado dijo que es obligatorio que cuente de un abogado de oficio y Castillo dejó constancia de su desacuerdo. En situaciones similares, el Estado paga el abogado del funcionario juzgado -con cargo a que devuelva el costo si fuera condenado-, lo que fue negado a Castillo.

El defensor de oficio hizo un resumen de su alegato en el que coincidió con la mayoría de los abogados de los coacusados, en negar que haya cometido el principal delito planteado por la Fiscalía, de rebelión, pues solo dio un mensaje político en el que dispuso la disolución del Legislativo, sin materializar lo dicho.

Los juristas señalaron que el código penal establece que ese delito lo cometen solo quienes participen en un alzamiento colectivo en armas y la Fiscalía alega que Castillo sí lo cometió al ordenar a militares y policías que ejecuten su llamado, lo que no obedecieron.

Castillo ratificó por otro lado que sus coacusados no tuvieron nada que ver con las acciones por las que es juzgado, refiriéndose a quienes fueron su consejero, Aníbal Torres; su primera ministra, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta.

También a los oficiales de Policía Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y Eder Infanzón, este último declarado reo contumaz por haberse fugado a Suiza.

La Fiscalía pide 32 años de prisión para Castillo y 25 años para los demas acusados, con excepción de Aníbal Torres, para quien plantea 15 años de cárcel.

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