El equipo jurídico del político ultraderechista también demandó la anulación de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

La solicitud está en la manifestación enviada al Supremo Tribual Federal (STF) para refutar las acusaciones que cuentan en la inculpación sobre la trama golpista, presentada el mes pasado por la Fiscalía General.

Para los abogados, hay ausencia de voluntariedad en el acuerdo de Cid.

«Se ha comprobado, entonces, que se trata de una colaboración premiada viciada por la absoluta falta de voluntariedad y de una colaboración marcada por las mentiras, omisiones y contradicciones», precisa la defensa.

El staff de letrados exigió, asimismo, que el ministro Alexandre de Moraes, del STF, deje la relatoría de la denuncia.

Alegó que De Moraes no puede continuar en la función por el mecanismo del juez de garantías, según el cual el magistrado que instruyó el proceso no puede pronunciar la sentencia.

«Ante lo expuesto, se solicita que se reconozca la necesidad de distribuir los autos a un nuevo relator, antes de la recepción de la denuncia, con el fin de que se apliquen, respetando las diferencias de rito, las reglas del juicio de garantías en las acciones penales originadas por este STF», refieren los juristas.

Una vez más la defensa señaló que no tuvo acceso total a las pruebas y pide que el juicio se haga por el pleno del Supremo y no por la primera sala.

Al respecto, Bolsonaro declaró que la acusación forma parte de una fullería utilizada frecuentemente en la región para perseguir y acallar las voces de la oposición.

Certificó que seguirá haciendo lo que esté en su mano para dar a conocer lo que pasa en Brasil.

El plazo para la entrega de la defensa de la mayoría de los denunciados por la supuesta componenda violenta en 2022 terminaba el jueves, aunque este viernes entregarían sus manifestaciones el general de la reserva Walter Braga Netto y el almirante Almir Garnier.

La Fiscalía General denunció el 16 de febrero a Bolsonaro y a otras 33 personas por su participación en un presunto complot golpista en 2022, señalada por la Policía Federal.

Todos fueron acusados de los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

Si la denuncia es aceptada por el Supremo, los implicados en la confabulación se convertirán en acusados y pasarán a responder a un proceso penal en la corte superior.

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