La saliente ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, consideró que la norma permitiría armonizar el desarrollo con la conservación de la biodiversidad de la región, ordenar el territorio alrededor del agua y guiar su transición y adaptación climática.

Explicó que la Sabana de Bogotá es una región de importancia ecológica, y que los lineamientos de ordenamiento ambiental buscan conservar ecosistemas degradados, proteger los espacios del agua como límites ecológicos para un buen ordenamiento territorial, y asegurar la destinación agropecuaria y forestal del suelo rural.

Según planteó, la normativa es producto de la necesidad de reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, y su objetivo es transitar hacia una Sabana donde el desarrollo territorial se armonice con los espacios del ciclo del agua, y se reduzca la vulnerabilidad al cambio climático.

El tema adquiere mucha sensibilidad debido al déficit hídrico que experimenta la capital de Colombia, y cuya ciudadanía enfrenta 24 horas de racionamiento de agua cada nueve días en un intento por extender la disponibilidad del menguado recurso vital.

Sin embargo, la difusión del proyecto generó serios roces entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente del país, Gustavo Petro.

El primero de ellos pidió el retiro del proyecto de resolución al alegar que constituye una interferencia en la autonomía distrital y advirtió que, de ser necesario, recurriría a acciones legales de tipo administrativo y penal.

Uno de los argumentos más controversiales del alcalde es que, además de presuntas afectaciones a la ciudadanía por la interrupción de planes de construcción de viviendas y de enclaves energéticos, se detendrían otros asociados a la infraestructura vial.

Arguyó que proyectos destinados a mejorar la movilidad de millones de personas quedarían en el limbo porque sus predios se ubican en las zonas que se reglamentarían.

Ese es el caso, según manifestó, del Patio Taller y trazados de las líneas 1 y 2 del Metro, el trazado de la línea 3, la Avenida Longitudinal de Occidente, la prolongación de la Calle 63, el proyecto Ciudad-Aeropuerto, la Avenida Suba-Cota, el cable a la Calera, el Regiotram de Occidente, la troncal de la Calle 13, el puente vehicular y el ciclopuente de Tibanica, el corredor de la Carrera Séptima y la Autopista Norte, entre otros.

La preocupación del futuro de esas obras por encima de la conservación de los espacios naturales le mereció críticas a Galán por supuestamente priorizar los negocios con grandes contratistas.

La senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro, por ejemplo, incluso le espetó que su celo responde a que el 35 por ciento de la financiación de su campaña fue aportada por empresas constructoras con intereses en la expansión urbana descontrolada en Bogotá.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de la red social X que es incierto que la ciudadanía se vería afectada y que la Sabana es un ecosistema de interés nacional según la ley.

“La reacción de la clase dirigente de Bogotá ha sido bestial frente al intento de la nación de salvaguardar el agua y la tierra fértil de la Sabana. Quieren seguir haciendo el negocio que hoy hacen, voltear las tierras de la Sabana para urbanizar. No les importó el primer aviso de la insostenibilidad de su proyecto: una enorme ciudad que se queda sin agua”, escribió.

Aseguró además que mantener el negocio inmobiliario en la mentada región solo condenará a la urbe a morir por escasez de agua.

“No pueden ser más bestialmente irresponsables. Es la codicia en su máxima expresión por encima de la vida”, refirió.

Reconoció, no obstante, que será la población la que decida sobre su territorio y cuyos criterios sobre la resolución propuesta por el gobierno nacional se aceptarán hasta el próximo viernes 14 de marzo.

“Espero que la convocatoria a cabildos, consultas, asambleas populares alrededor del agua en la región, puedan ser mecanismos de participación abiertos y masivos”, deseó el mandatario.

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