Tal demanda fue remitida por el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, y el vice del Gobierno en esa asamblea, Rogério Correia.

Los parlamentarios, que también pidieron prohibir a Bolsonaro acercarse a embajadas, alegaron que de esta manera se puede garantizar un eventual castigo, en función de la denuncia contra el exgobernante por presunta participación en la llamada trama golpista, si es condenado.

«Imperiosa es la imposición de las medidas cautelares previstas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal, especialmente la prohibición de ausentarse de Brasilia sin autorización judicial, prohibición de acercarse a embajadas extranjeras instaladas en territorio nacional, así como su monitoreo electrónico», indica el documento.

Sobre la tobillera, los congresistas alegaron que esta medida resulta «imprescindible para garantizar la permanencia del acusado en suelo brasileño, teniendo en cuenta la posibilidad de fuga por vías terrestres».

Alertaron, además, que Bolsonaro ya señaló que estaría de acuerdo en solicitar asilo diplomático.

«Hay elementos que indican que el expresidente puede, aún, pretender obtener asilo diplomático para evadir del país y, por lo tanto, perjudicar la investigación criminal en curso», señalaron los petistas.

La anotación cita como ejemplo las dos noches que el político ultraderechista pasó en la Embajada de Hungría en febrero de 2024, justo después de ser blanco de una operación de la Policía Federal que apuntaba a los involucrados en la componenda violenta.

«Es de destacar que en varias ocasiones Jair Bolsonaro fomentó públicamente la fuga de condenados por los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023, así como la estancia clandestina en el extranjero, especialmente en Argentina, como un intento de evitar la aplicación de la ley y las decisiones judiciales emitidas por el Supremo Tribunal Federal», precisa la solicitud.

La Fiscalía General denunció el 16 de febrero a Bolsonaro y a otras 33 personas por su participación en una tentativa golpista en 2022, señalada por la Policía Federal.

Todos fueron acusados de los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

Si la denuncia es aceptada por el Supremo, los implicados en la confabulación golpista se convertirán en acusados y pasarán a responder a un proceso penal en la corte superior.

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