Expresaron en un comunicado que la titular sugirió que la actividad realizada el pasado 8 de marzo en el Parque Independencia no respetó un “espacio de un gran valor histórico y simbólico para nuestro país”.

Raful manifestó que «en situaciones como estas, los organismos encargados del orden público deben tomar decisiones en tiempo real” y garantizar “la preservación del respeto y la seguridad de estos sitios solemnes».

De acuerdo con las organizaciones, tales afirmaciones desvían la atención y justifican la discriminación racial y las actuaciones violatorias de los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Nacional durante el evento.

Manifestaron que el Parque Independencia es un espacio público donde tradicionalmente tienen lugar actos de reivindicación de derechos y expresiones culturales dominicanas.

Durante la actividad de las féminas, mientras se cantaba en español «Aguacero, Agua», los agentes desconectaron los equipos de sonido, con el erróneo alegato de que ellas cantaban en creole haitiano, denunciaron.

Con esa acción, dijeron, «demostraron un grave sesgo racial y xenófobo, desconociendo el valor patrimonial de la salve como género musical dominicano y patrimonio de la humanidad”.

Las organizaciones denunciantes recordaron que esta acción vulnera derechos fundamentales garantizados en la Constitución, tales como la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación por origen nacional, raza o idioma.

Asimismo, el derecho a la cultura, a una vida libre de violencia, y la obligación de la Policía Nacional de salvaguardar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica.

«Este incidente, dijeron, evidencia no solo la xenofobia y el racismo institucional, sino también la misoginia que permea la política en nuestro país».

Apuntaron que las mujeres que alzan su voz y defienden sus derechos son deslegitimadas, censuradas e incluso víctimas de intimidación y violencia estatal.

Instaron a la ministra Raful a generar espacios efectivos de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y la institución que dirige.

Además, a adoptar acciones concretas para garantizar que el discurso de odio y la violencia institucional sean erradicados.

rc/mpv