La Policía de Filipinas arrestó al exmandatario, el 11 de marzo, en esta capital, en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), donde está acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas.

El político, de 79 años de edad, fue trasladado la víspera a la sede de la CPI, en La Haya, y durante el vuelo hizo que le grabaran un video en el cual pide a los seguidores no preocuparse por él y asegura que el proceso judicial será largo.

Por todo lo sucedido en el pasado, soy yo quien se puso al frente de nuestras fuerzas del orden y del Ejército. Les dije que les protegería y que asumiría la responsabilidad de todo, sentenció.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada por el experimentado político cuando era alcalde de Davao, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago, considerada una de las urbes principales del país. Hace seis meses, el exmandatario confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La urbe de Davao pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

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