Mientras medios locales de prensa reflejan que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaría preparando planes para enviar tropas a Panamá con el objetivo de tomar el control de la vía interoceánica, y citan a la cadena NBC y fuentes ligadas al Gobierno, la administración de José Raúl Mulino responde que no ha recibido informes al respecto.

En un reciente foro titulado “El futuro del Canal de Panamá en el tiempo de Trump”, el abogado Alonso Illueca precisó a Prensa Latina que el Ejecutivo rechaza recurrir al multilateralismo, como funcionó en las negociaciones para los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977.

En ese sentido, el letrado instó al Gobierno a impulsar esa campaña con más fuerza en la Organización de Estados Americanos ( OEA), que atesora esos documentos; y también en Naciones Unidas, donde desde enero de este año Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Para Illueca, el primer organismo que pudo pronunciarse fue la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en enero último, pero el rechazo de Argentina imposibilitó el consenso, tan como lo establecen las normas de ese mecanismo integracionista para la emisión de tales pronunciamientos.

También el excanciller José Eduardo Ritter instó a internacionalizar este problema y recabar el apoyo de la comunidad internacional.

Otros analistas consultados por el diario La Estrella de Panamá respaldaron la idea de que la actual política exterior del pais centroamericano presenta carencias y no parece haber una estrategia nacional clara, lo que facilita la imposición de los intereses de Washington.

Para el abogado especialista en derecho internacional, Julio Linares, aunque el presidente Mulino ha desmentido a Trump, hay que pasar de reacciones a elaborar una estrategia más activa.

Linares abogó por asumir una postura de defensa del multilateralismo y de una diplomacia efectiva y digna.

Por su parte, el abogado y presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Joaquín De Obarrio, sostuvo que otra herramienta de la cual no está echando mano el Gobierno es sumar adhesiones al Tratado de Neutralidad de 1977.

De Obarrio explica que el Tratado deja claro que solo Panamá puede tener fuerzas militar en el Canal. De allí que cualquier intervención sin la autorización del Estado sería una violación a la norma.

Para el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y ex secretario general de la cancillería, Jones Cooper, el Estado podría convocar a la Carta de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumentos que dan fuerza jurídica a la defensa del país.

Cooper insistió en que Panamá tiene que internacionalizar la causa de la defensa del Canal y su soberanía, pero hace lo contrario, se pelea con potenciales países de América Latina; eleva tensiones con Europa y se China, en detrimento de cierto contrapeso.

Recordó además que la defensa también se construye desde adentro, con una sólida unidad nacional, tema que no parece viable en medio de las contradicciones por la Caja de Seguro Social, el contrato minero y otros problemas locales en las que, a su juicio, el Gobierno de Mulino ha elegido la confrontación en vez de buscar consensos.

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