Luego de las críticas y la presión popular para impedir la entrega del campo Sacha en condiciones desventajosas, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que el consorcio Sinopetrol no pagó la prima de mil 500 millones de dólares, requisito para firmar el contrato.
“El comunicado del presidente (Daniel Noboa) lo dijo todo, acuérdense que (la fecha límite) era hasta ayer (11 de marzo), 21:00 horas, no hay nada más que hablar. El plazo se les venció”, declaró Manzano el miércoles en entrevista con el canal local Ecuavisa.
Sin embargo, eso no significa que Sacha dejará de ser ofrecida a otras empresas, pues la funcionaria reconoció que ahora viene la búsqueda de otras alternativas para adjudicar el campo petrolero más productivo del país ubicado en la amazonía ecuatoriana.
La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una resolución que solicita a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al proceso de la fallida concesión del campo petrolero Sacha debido a las denuncias de irregularidades en el convenio.
Por otro lado, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, enfrenta fuertes cuestionamientos por su polémica decisión de contratar a una empresa de mercenarios para combatir el crimen organizado.
Actores políticos y sociales critican la propuesta del gobernante de formar una alianza con Blackwater, entidad acusada de los peores crímenes en regiones de Medio Oriente y África, incluido el asesinato de civiles.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a medios locales que la compañía ofrecerá consultoría especializada para fortalecer la capacidad operativa, estratégica y táctica de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Reimberg rechazó que sectores de la oposición critiquen esta alianza que tiene como objetivo combatir el crimen y dijo que la asesoría no significa que no se confíe en las instituciones, al contrario, lo que buscan es fortalecer.
Otro tema polémico de la semana fue la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de multar con hasta 32 mil 900 dólares a quienes hagan fotos de sus papeletas el 13 de abril, día de la segunda vuelta electoral, prohibición que desató una ola de críticas.
La propuesta de impedir el uso de dispositivos electrónicos fue del jefe Ejecutivo, que en una entrevista dijo que los votantes de su rival, Lusia González, de la Revolución Ciudadana, votaron bajo amenazas de grupos delincuenciales.
Mientras, el Ministerio de Gobierno aplaudió la decisión, abogados y expertos consideraron la medida ilegal e inconstitucional pues la norma para surtir efecto debió ser tomada antes de iniciar el proceso electoral.
A su vez, esta semana las lluvias continuaron en el territorio nacional y el número de afectados por inundaciones, deslaves y otros sucesos asciende a más de 104 mil personas.
Un deslizamiento de tierra como consecuencia de las precipitaciones rompió la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en la provincia de Esmeraldas, lo cual provocó el derrame de crudo que contaminó un río clave para el abastecimiento de agua de la población y la agricultura.
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