Se espera que el 23 de abril comience el proceso contra el exministro de Defensa Guillermo García, el coronel Francisco Morán, exdirector de la policía de Hacienda y el coronel Mario Reyes Mena, el jefe de la IV Brigada de Infantería con sede en el paraíso Chalatenango, principales implicados en el caso.
En conferencia de prensa este domingo, Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos, señaló que familiares de las víctimas exigen al estado salvadoreño que les ayude a cicatrizar la herida después de 43 años del crimen ocurrido el 17 de marzo de 1982.
Como periodistas exigimos verdad y justicia por cuatro colegas, dijo.
Este proceso “debe ser ejemplarizante en cuanto a su sentencia sobre todo que sirva como mensaje importante para aquellos que piensan que los periodistas somos incómodos o somos estorbo, por eso es por lo que estamos aquí luego de 43 años de impunidad”, agregó.
Los tres militares mencionados son los principales acusados por la magistrada del juzgado de Dulce Nombre de María, que los va a llamar pronto al banquillo para que rindan cuenta a la justicia salvadoreña, aseveró Pérez.
Mañana, cuando se cumplen los 43 años de impunidad, vamos a dar a conocer públicamente al pueblo salvadoreño y a nivel internacional la fecha del inicio del proceso.
Opinó el activista que el comienzo de la vista marcará un “precedente muy importante” porque es un “juicio histórico” ya que por primera vez se van a juzgar a altos mandos militares que estuvieron implicados en crímenes de lesa humanidad.
“Es un caso histórico, subrayó, porque este caso nosotros consideramos que va a empujar a los demás procesos que también están demandando verdad y justicia en El Salvador”.
En el país hay varias masacres cometidas por militares y escuadrones de la muerte que se mantienen en la impunidad. Sobre la extradición del coronel Reyes Mena de Estados Unidos dijo que la Corte Suprema en pleno firmó y aprobó para se ventile la extradición con las autoridades estadounidenses.
Por otra parte, en declaraciones a Prensa Latina, Pérez opinó que a la Asamblea Legislativa le falta “voluntad política” para encausar una ley de justicia transicional para colocar en el centro a las víctimas y no a los victimarios.
Asimismo sostuvo que la Fuerza Armada impide el acceso a sus archivos sobre los casos de masacres y consideró que es un error proteger a presuntos criminales.
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