La legislación que data de 1798, tiene una amplia facultad para tiempos de guerra -y no es el caso- fue utilizada para acelerar las deportaciones de presuntos migrantes afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El magistrado dictaminó la víspera que todos los aviones en vuelo que transportaran a algunos de esos migrantes regresaran a Estados Unidos y detalló que su decisión de restricción temporal permanecerá vigente durante 14 días “o hasta nueva orden judicial”.

Sin embargo, un avión con más de 200 venezolanos expulsados de aquí aterrizó en El Salvador, pese a lo dispuesto por el juez, lo cual confirmó luego el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele.

Bukele dijo en redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana llegaron en la madrugada de este domingo, junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

El secretario de Estado Marco Rubio -que en su primer viaje al exterior tras asumir el cargo en enero visitó El Salvador- agradeció a Bukele por ofrecerse voluntariamente a encarcelar a los presuntos delincuentes deportados.

Rubio indicó que el mandatario salvadoreño también había solicitado que dos líderes de la MS-13 y otros 21 ciudadanos de su país detenidos en Estados Unidos, fueran retornados para que enfrentaran allí la justicia.

De acuerdo CNN, Estados Unidos pagará seis millones dólares a El Salvador por hacerse cargo de los deportados y el dinero -señaló Bukele- será para sostener el sistema penitenciario, cuyo costo asciende a 200 millones de dólares anuales.

La mañana de este domingo, Bukele publicó en X que los miembros del Tren de Aragua fueron trasladados al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), “por un período de un año”.

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