A través de la red social X, Rodríguez manifestó el rechazo de su país a la legislación y calificó su invocación de inaudita y bajo falsos pretextos.

La cancillería venezolana subrayó a través de un comunicado que este acto evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi.

Indicó que esta orden presidencial es una normativa anacrónica que no solo violenta las leyes fundamentales y vigentes de Estados Unidos, “si no que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos” y otros acuerdos y principios de la legalidad mundial.

Denunció que su intento de aplicación constituye un delito de lesa humanidad y un precedente peligroso contra toda nuestra región y afirmó: “la unidad y la solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo”.

El Gobierno bolivariano expresó que el migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida, lo hizo por razones económicas como consecuencia de las penurias creadas por el bloqueo criminal a la economía, “para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela”.

Asimismo, llamó de forma urgente e inmediata a la comunidad internacional, y en especial a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo.

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