Según la parlamentaria del Partido Democrático Trabalhista, en su arenga, Bolsonaro utilizó un tono de contubernio y fomentó dudas sobre la idoneidad del proceso electoral.

«La permanencia de este discurso falso e inflamado representa un riesgo para el orden democrático, pues alimenta la insatisfacción de grupos extremistas que en el pasado ya practicaron actos violentos contra las instituciones democráticas», escribió la diputada.

Argumentó que mantener al exgobernante (2019-2022) en libertad representa una grave amenaza para la garantía de la ley y el orden, especialmente por el exmilitar «persistir en la propagación de dudas infundadas sobre las elecciones de 2022».

Tal comportamiento, además de potenciar actos violentos por parte de sus partidarios, «debilita las instituciones e incentiva la inestabilidad política», señaló la congresista.

Salabert también demandó que el Ministerio Público Federal prohíba a Bolsonaro usar redes sociales y participar en eventos públicos que puedan servir de plataforma para «nuevas incitaciones antidemocráticas».

La víspera un acto en la icónica playa de Copacabana en Río, ideado por el pastor Silas Malafaia, contó con la participación de autoridades, incluyendo gobernadores, senadores y diputados federales.

Al intervenir en la concentración, Bolsonaro descartó abandonar el país, pese a la posibilidad de ser condenado a prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de tentativa golpista en 2022.

Señaló que las elecciones presidenciales de 2026 sin su presencia «son una negación de la democracia» en el gigante sudamericano.

El ministro Cristiano Zanin, de la Corte Suprema, marcó el pasado jueves para el 25 de marzo el juicio de la denuncia contra el exjefe del Ejecutivo y otras 33 personas por participación en el complot golpista de hace tres años.

La Procuradoría General de la República (Fiscalía) pidió además inculpar a Bolsonaro y a otros siete denunciados por la componenda violenta, tras las elecciones de 2022.

Después de desestimar los argumentos de la defensa que pedía archivar la denuncia, el fiscal general Paulo Gonet demandó que se acepte la inculpación contra el exmandatario y los otros del primer núcleo de la intriga golpista.

Para Gonet, la Fiscalía General, con la denuncia, «presentó su convicción sobre el marco típico de las conductas investigadas, la materialidad de los crímenes imputados y los elementos persuasivos sobre la autoría respectiva».

Si la querella es aceptada finalmente por el Supremo, los denunciados se convierten en acusados y pasan a responder penalmente de las acciones en la corte superior.

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