Acompañado de representantes de organizaciones sociales, Andrade señaló que consideran la medida una “violación flagrante a varios derechos constitucionales, como el derecho a elegir que es integral”.

El CNE ha dicho que un militar o un policía va a verificar que no se use el celular el momento de realizar el sufragio, noten cómo esto implicaría una violación al secreto del voto, advirtió el jurista en declaraciones a la prensa este lunes en las afueras de la Corte.

Cuestionó la amenaza de imponer multas “desproporcionadas” de casi 33 mil dólares a quien desacate la medida y haga una foto de la papeleta.

Si más de un millón de personas decidiera ejercer su derecho a la resistencia, tendríamos un valor que serviría incluso hasta para pagar la deuda externa, es absurda esa resolución que afecta otro tipo de derechos, insistió Andrade.

Solicitó a la Corte Constitucional, que cuenta con tres nuevos jueces, actuar a favor de los derechos de los ciudadanos y con la celeridad que requiere el caso.

El pasado jueves, el CNE aprobó una resolución según la cual quienes hagan fotos de sus papeletas el 13 de abril, día de la segunda vuelta electoral, serán multados, medida que desató una ola de críticas.

“Hay un riesgo en la transparencia del proceso electoral (…) esto es sumamente peligroso para la democracia», alertó Andrade.

La propuesta de impedir el uso de dispositivos electrónicos fue del jefe Ejecutivo y candidato a la reelección, Daniel Noboa, que en una entrevista dijo que los votantes de su rival, Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), votaron bajo amenazas de grupos delincuenciales.

La alianza de los movimientos RC y Reto presentó este domingo un recurso de impugnación a la decisión ya que, de existir pruebas de las supuestas amenazas contra los votantes, se debería llevar el caso ante las autoridades competentes.

La presidenta de ente electoral, Diana Atamaint, justificó este lunes en entrevista con el canal Teleamazonas la decisión de prohibir las fotos e informó que mañana analizarán el recurso presentado por RC-Reto.

En medio de los cuestionamientos, el Ministerio de Gobierno aplaudió la decisión que “fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole no al voto extorsionado (…) reduciendo el riesgo de intimidación por parte de organizaciones criminales que buscan influir en la voluntad soberana del pueblo”.

El domingo 13 de abril más 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas a elegir presidente entre Noboa y González, que proponen dos proyectos política, económica y socialmente antagónicos.

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