Estas medidas constituyen un primer paso en la lucha contra el saqueo de las riquezas minerales congoleñas, apuntaron, y agregaron que la RDC seguirá trabajando con la comunidad internacional para imponer un embargo a los minerales extraídos ilegalmente en el país y exportados por Kigali.
Igualmente, Kinshasa espera que en el futuro se suspenda la contribución de Ruanda a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, además de imponer una mayor transparencia en las transferencias de armas a ese país, con el fin de obtener la retirada inmediata e incondicional de sus tropas del territorio congoleño.
El Gobierno consideró que las sanciones de la UE, así como las anunciadas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Canadá contra Ruanda, muestran la convicción de la comunidad internacional de que el Ejecutivo ruandés tiene una responsabilidad directa en el conflicto en el este de la RDC.
El comunicado reafirmó el compromiso de Kinshasa con los procesos diplomáticos en curso para lograr una solución duradera y pacífica del conflicto en la región, tal como recomienda la Resolución 2773 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La víspera, la UE dispuso sanciones contra jefes militares ruandeses, entre los que se incluyen el comandante de las fuerzas especiales desplegadas en la RDC, Ruki Karusisi; el comandante de la tercera división, Eugene Nkubito, y el comandante de la segunda división, Pascal Muhizi.
También fueron blanco de medidas el director general de la Junta de Minas, Petróleo y Gas de Ruanda (RMB), Francis Kamanzi, por su papel en el tráfico ilícito de minerales congoleños; y Gasabo Gold Refinery, una empresa especializada en la refinación de oro, por sospecha de trabajar con minerales de zonas de conflictos.
Igualmente están afectados el jefe del ala política del M23, Bertrand Bisimwa; el “gobernador” de Kivu Norte nombrado por la rebelión, Jean Bahati Musanga; el jefe de reclutamiento y propaganda del M23, Désiré Rukomera, y el jefe adjunto de finanzas de los rebeldes, Jean-Bosco Nzabonimpa.
Las medidas restrictivas de la UE se aplican ahora a 32 personas y dos entidades y, de acuerdo con lo establecido, las personas designadas están sujetas a la prohibición de viajar y a la congelación de activos. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
mem/kmg
