El titular, que es indagado por los fiscales también por otras causas, insistió en calificar como “un show” el allanamiento y registro de su vivienda y sus automóviles, por segunda vez en menos de dos semanas y acusó a la Fiscalía de exponerlo, a él y su familia.

Confirmó que la intervención se debe al presunto delito de tráfico de influencias que habría cometido, según el testigo Migel Marcelo Salirosas, al entregar a este 20 mil dólares a instancias judiciales , para que el Tribunal Constitucional dicte un fallo que disponga la libertad del preso por organización criminal y otros delitos.

Santiváñez nego veracidad a la acusación y argumentó que el fallo del Tribunal Constitucional fue adverso a Salirosas, aunque reconoció haber cobrado los 20 mil dólares por sus honorarios como abogado, cuando ejercía la profesión, antes de ser ministro.

El ministro esta a punto de ser censurado (obligado a renunciar) el viernes próximo por el Parlamento, por el fracaso de su gestión ministerial iniciada hace casi un año, contra el desborde del crimen organizado.

La censura ganó consenso en las bancadas legislativas, por la presión de la indignación nacional debida al asesinato del popular cantante Paul Flores, a manos de sicarios.

Santiváñez se aferra a su alegado éxito y argumenta logros como la compra de armamento para la Policía no renovado en 40 años, lo cual fue desmentido por el el exministro del Interior, Óscar Valdés, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y dijo que entonces los policías tenían armas nuevas.

Valdés desmintió también la afirmación del ministro, de que hace muchos años no se compra chalecos para los policías, y dijo que estos son de uso temporal, por lo que se reponen con frecuencia.

Santiváñez reivindica como logro la contratación de 200 abogados para defender a los policías acusados de delitos en los tribunales, algo a lo que se dedicó como letrado.

Según revelaciones periodísticas, Santiváñez consiguió como ministro en 2024 que el Estado pague la defensa del prófugo oficial Raúl Prado Ravines, selñalado como jefe de un escuadón de la muerte, grupo de policías que simulaban enfrentamientos para ejecutar extrajudicialmente a presuntos delincuentes.

Santiváñez, ya como ministro, ha calificado como falsa la acusación y alegado por la inocencia de esos policías, en declaraciones periodísticas.

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