Según informó el canal de televisión C5N, alrededor de dos mil efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad llegaron a las avenidas aledañas a la sede legislativa, en tanto se llevan a cabo controles en los accesos a esta ciudad.
Dicho medio de prensa reportó también que en las estaciones de trenes fueron colocados carteles y se escuchan grabaciones con el siguiente mensaje: «Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República».
Además, los uniformados piden el documento nacional de identidad a quienes se acercan al Congreso, revisan vehículos provenientes de la provincia de Buenos Aires y fue establecido un perímetro por el cual no está permitido circular.
Solís, Entre Ríos, Callao, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Ayacucho, Bartolomé Mitre, Paraná y Adolfo Alsina, se encuentran entre las arterias bloqueadas.
El 12 de este mes, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria usaron camiones hidrantes, efectivos motorizados, balas de goma, bastones y gas lacrimógeno, contra adultos mayores, trabajadores y seguidores de equipos de fútbol que se movilizaron frente al Congreso.
Esas fuerzas causaron heridas a decenas de ciudadanos, entre ellos una anciana de más de 80 años y el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico.
Además de demandar justicia por Grillo, quien fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras recibir un disparo con un cartucho de gas en la cabeza, los presentes en la manifestación de hoy denunciarán la grave situación socioeconómica y se opondrán a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos anunciaron su participación en la protesta de esta jornada y pidieron la renuncia inmediata de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tras responsabilizarla por lo sucedido la semana pasada.
Por otra parte, el juez federal Martín Cormick informó que la Justicia “observará presencialmente con suma atención todo lo que suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho o acto que resulte procedente para resolver” el planteo de inconstitucionalidad del protocolo antiprotestas implementado por el Gobierno.
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