Debido a la situación que impacta en varios departamentos, la entidad llamó urgente mediante un comunicado a que se respete la Ley y los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo el libre tránsito, el trabajo, la educación y la salud.

«Sabemos que hay problemas importantes en el país, como la falta de seguridad y el colapso de la infraestructura», señaló. Pero los bloqueos no son la solución, consideró.

Exigir cambios es legítimo, pero debe hacerse a través del diálogo y utilizando los mecanismos previstos en la Ley, sin afectar a millones de guatemaltecos, insistió la Cámara.

Cada día de bloqueo ilegal provoca, mencionó, escasez de alimentos y medicinas, aumento en los precios de la canasta básica, pérdidas económicas paro pequeños comerciantes y agricultores.

Incluyó además dificultades para que niños lleguen a la escuela y trabajadores a sus empleos, así como riesgos para la vida de personas que necesitan atención médica urgente.

Exigió al Gobierno que actúe y garantice el respeto de la Ley y el libre tránsito, mientas instó a todos los sectores a buscar soluciones sin perjudicar a quienes no tienen la culpa.

La Cámara de Alimentos y Bebidas expuso, por su parte, que la producción y distribución de alimentos depende en gran medida del transporte de materias primas.

Los bloqueos generan un aumento en los costos logísticos, dificultan la movilidad de nuestros colaboradores a su trabajo y con la posibilidad de no abastecer adecuadamente el mercado nacional, describió.

Resaltó su respeto al derecho a manifestarse; sin embargo, solicitó que se acepte igualmente el derecho a la libre locomoción.

Exhortó al Gobierno a comunicar de mejor manera y con mayor antelación y preparación las leyes, reglamentos o medidas que afecten directamente o indirectamente la economía familiar.

Entre tanto, la Corte Constitucional tramitó un amparo presentado la víspera por la bancada del partido y emplazó al Ejecutivo para que en un plazo de 12 horas presente un informe sobre las disposiciones emitidas en relación con el seguro.

La acción legal de esa agrupación política buscaba suspender la implementación de la medida a partir de mayo, que generó molestia tras su anuncio el lunes último y mantiene las manifestaciones en diversos sectores de la población.

La administración encabezada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, iniciará a las 10:30, hora local, mesas de diálogos con quienes se oponen a los cuatro reglamentos de la Ley de Tránsito que establece el seguro obligatorio para todo tipo de vehículo.

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