En un comunicado dirigido al presidente en funciones de dicho tribunal, César Ernesto Salazar, el jeje de la diplomacia nicaragüense también denunció el convenio del estatuto de la CCJ aprobado en diciembre 1992 en ocasión de la XIII Cumbre de presidentes de

Centroamérica.

Desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, sin lograr cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional, manifestó Jaentschke.

Según el canciller, tanto el estatuto como el reglamento de la corte, no responden a la realidad de la composición de la misma, debido a que, contra toda lógica, ese tribunal está sometido a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe que no forma parte del Sistema de Integración Centroamericano.

Añadió que también está sometido a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la CCJ o a naciones que no forman parte del reglamento.

Esta situación es incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional, en la cual todos los países miembros del SICA participen plenamente en igualdad de condiciones asumiendo sus derechos y obligaciones, circunstancia que es inaceptable para Nicaragua, manifestó el canciller.

De igual modo, reiteró la invariable voluntad de Managua de continuar privilegiando la integración regional, propugnando por la reconstrucción de la unidad centroamericana basada en la igualdad y el respeto a la soberanía de los Estados.

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