En ese sentido serían los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Alexandre de Moraes, relator del sonado caso.

Los jueces depositan en la modalidad virtual sus votos en el sistema electrónico y no hay deliberación presencial.

El titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, negó el mes pasado las solicitudes de la defensa de Bolsonaro para declarar impedidos a Dino y Zanin.

Luego, los abogados del político ultraderechista apelaron el fallo y pidieron que el expediente sea examinado por el pleno.

El staff jurídico del exgobernante alegó que Dino entró con una querella contra Bolsonaro cuando ocupó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública en los primeros meses del Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y antes de llegar al Supremo.

La defensa, en el caso de Zanin, asegura que antes de pertenecer a la corte, era abogado de la campaña de Lula y entró con acciones contra la fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Del mismo modo, Barroso negó el pedido de los juristas de Braga Netto para apartar a De Moraes, los cuales objetan que el magistrado es señalado como una de las víctimas de la trama y no puede juzgar la causa.

Además de los impedimentos, los ministros decidirán si la primera sala de STF examinará la denuncia o si el análisis del caso será hecho por el plenario del tribunal superior.

Zanin marcó para el 25 de marzo el juicio de la denuncia contra Bolsonaro y otras 33 personas por participación en la tentativa golpista.

La Procuradoría General de la República (Fiscalía) pidió inculpar al exmandatario y a otros siete denunciados por el complot violento.

Después de desestimar los argumentos de la defensa que pedía archivar la denuncia, el fiscal general Paulo Gonet demandó que se acepte la imputación contra el exjefe del Ejecutivo y los otros del primer núcleo de la componenda golpista.

Para Gonet, la Fiscalía General, con la denuncia, «presentó su convicción sobre el marco típico de las conductas investigadas, la materialidad de los crímenes imputados y los elementos persuasivos sobre la autoría respectiva».

Consideró que la denuncia explica de «manera comprensible e individualizada la conducta criminal en teoría adoptada por cada uno de los denunciados».

Si la querella es aceptada por el Supremo, los denunciados se convierten en acusados y pasan a responder penalmente de las acciones en el máximo juzgado.

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