Santiváñez acudió a Lurín, en el lado sur de Lima, para informar a la prensa sobre la captura de un grupo de presuntos extorsionadores y, cuando salió del local donde lo hizo, los pobladores congregados lo abuchearon e insultaron.

El ministro pareció burlarse de los manifestantes, pues antes de abordar el automóvil oficial hizo un saludo a distancia a los indignados pobladores y hasta hizo el gesto de lanzarles un beso.

El incidente reflejó el estado de ánimo reinante en el país por el asesinato del popular cantante Paul Flores y la acumulación de muertes por extorsión y sicariato, con un promedio de seis diarias, según cifras oficiales.

Ante el trágico suceso, la mayoría parlamentaria que impidió más de una vez la censura a Santiváñez le retiró el apoyo y los legisladores presentaron al menos tres mociones de censura en su contra, que se votarán el viernes próximo.

En medio de la conmoción generada por el asesinato de Flores y el desborde de la criminalidad organizada, la junta de portavoces de las bancadas parlamentarias aprobó su pedido de comparecer en la sesión del viernes para exponer lo que considera son sus logros.

Parlamentarios de izquierda y centro se opusieron al pedido del ministro con el argumento de que ya dio un informe en una reciente presentación en el Legislativo.

Coincidentemente, la Fiscalía allanó la casa de Santiváñez, debido a una investigación por la acusación de un testigo que dice haberle entregado, cuando el ministro era su abogado, 20 mil dólares para usarlos en gestiones para que el cliente fuera absuelto, lo que el titular niega rotundamente.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que congrega a las principales autoridades políticas, judiciales, representantes de gobiernos regionales y municipales, entre otras autoridades, acordó ayer un paquete de medidas contra la inseguridad que son materia de diversas opiniones.

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