El asunto acapara cada día más la atención tanto a lo interno como fuera del país.

La víspera una encuesta en línea del diario La Presa Gráfica (LPG). ¿Considera que El Salvador tendrá riesgos de seguridad por albergar a presuntos miembros del Tren de Aragua?, obtuvo resultados llamativos. El 78 por ciento respondió que SI contra un 22 por ciento que opinó que NO.

Al respecto, la organización Alianza Américas, una agrupación panamericana sin fines de lucro con sede en las comunidades inmigrantes hispanas y latinoamericanas y caribeñas en los Estados Unidos abordó el asunto.

La entidad rechazó el traslado de venezolanos a El Salvador por «graves problemas legales y éticos», a la vez que sostuvo que los presuntos miembros del Tren de Aragua son detenidos «en circunstancias legales ambiguas» y, manifestó, se desconoce el organismo que determinó la supuesta afiliación a pandillas.

La Alianza en un comunicado acusó a El Salvador de ser cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes.

Además de calificar de maniobra cruel este hecho, la Alianza señaló que todo es parte de la política antinmigración estadounidense.

El tema cobra connotación internacional e incluso una colega en Washington se interesó en conocer si son ciertas las condiciones de encierro en el Centro de Confinamiento (Cecot) que reportan los medios aquí como algo normal, dado el daño que infligieron los pandilleros a la población.

Mientras a lo interno, abogados como Enrique Anaya y diputados opositores de la Asamblea Legislativa aseguran que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos del Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.

Citado por el diario El Mundo, los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos consideran que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos tuvo que haber pasado por la Asamblea Legislativa antes del traslado de los reos al país para su ingreso al Cecot.

El artículo 146 inciso segundo de la Carta Magna establece que «no podrán celebrarse o ratificarse» tratados u otorgarse concesiones cuando se menoscabe la integridad del territorio «a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero».

Cesia Rivas, secretaria general de Vamos, argumentó que los 238 presos extranjeros no están bajo la jurisdicción salvadoreña sino de Estados Unidos porque «vienen bajo un juez de Estados Unidos, no es que vienen a someterse a legislación salvadoreña», por lo que el Estado salvadoreño estaría siendo «sometido a una jurisdicción de un tribunal extranjero».

Hace dos días, el lunes, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores pidió transparencia en el acuerdo firmado y que se dé a conocer el documento.

El Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela, surgió en la prisión de Tocorón y extendió su influencia a nivel internacional, pero presuntamente muchos de los inmigrantes enviados a El Salvador no forman parte de ese grupo.

Reportes de prensa citan a una venezolana que reconoció a su hijo entre los deportados a El Salvador por orden de Trump. «Quiero hacer énfasis que mi hijo es inocente», señaló Myrelis Casique López. «No tiene que ver con ninguna banda delictiva», remarcó.

Por otra parte, la televisora Telesur emite informes en los cuales cuestiona la verdad detrás del secuestro de migrantes venezolanos retornados desde Estados Unidos hacia cárceles de El Salvador.

Mientras en Venezuela, agregó la Televisora, los familiares de los migrantes venezolanos secuestrados elevan denuncias y solicitudes de liberación.

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