El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, señaló que es urgente fortalecer el marco legal y garantizar un régimen de consecuencias más severas para quienes violen las normativas de tránsito.

En ese sentido, la institución planteó la necesidad de instaurar un sistema para que los infractores que no paguen sus multas sean declarados en rebeldía, lo que podría conllevar la pérdida de la licencia de conducir, previa autorización de un juez.

También propuso aumentar el plazo de prescripción de las infracciones de tránsito, de uno a cinco años, con el fin de asegurar que las sanciones se apliquen con justicia.

Las multas para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones se endurecerán y se establecerá la retención de vehículos cuyos conductores estacionen indebidamente o conduzcan bajo los efectos del alcohol.

De aprobarse las propuestas, la Policía Nacional estará habilitada para realizar pruebas de alcoholímetro junto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de expendio de bebidas, avenidas y centros turísticos.

También sugiere una reducción en los límites de velocidad, penas por carreras clandestinas, con sentencias de prisión de hasta dos años, un incremento de los recursos para la referida Dirección y sanciones más estrictas para los motoristas sin casco, entre otras medidas.

República Dominicana es uno de los países con mayor número de accidentes viales en la región.

En el año 2023 se reportaron dos mil 949 fallecidos por ese motivo, cifra que subió a tres mil 114 al cierre de 2024, el 38 por ciento jóvenes con edades entre 15 y 29 años.

El 18 de noviembre del 2024 se firmó el Pacto de Seguridad Vial por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.

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